El contrato con Amadeus Consultancy, firmado por la Presidencia para recibir asesoría jurídica frente a las sanciones impuestas por Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, fue prorrogado por el Gobierno Nacional. La modificación mantiene 10.000 millones de pesos como valor total y ajusta el mecanismo interno para revisar informes y habilitar pagos.
DAPRE prorroga el contrato sin cambiar el valor total
De acuerdo con la prórroga conocida por Caracol Radio, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) extendió el acuerdo suscrito con la firma británica Amadeus Consultancy Limited para brindar recomendaciones jurídicas estratégicas sobre el régimen de sanciones financieras internacionales.
El documento de modificación deja intacto el monto global del contrato, fijado en 10.000 millones de pesos, y sostiene que se trata de un servicio “altamente calificado”, especializado y de confianza, por lo que quedó excluido de la tabla ordinaria de honorarios de la Presidencia.
Cuatro desembolsos condicionados a informes y análisis de riesgo
La prórroga conserva el esquema de pagos: cuatro desembolsos de 2.500 millones de pesos, equivalentes a 500 mil libras esterlinas cada uno. Los giros quedaron condicionados a la entrega de informes técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas sobre las sanciones financieras internacionales.
Como parte de la modificación, el DAPRE también creó una “mesa técnica de apoyo” para revisar “de manera inmediata” los informes presentados por la consultora extranjera y, con ello, agilizar la aprobación de los pagos estipulados en el contrato.
La extensión del acuerdo fue aceptada formalmente el 30 de abril por Maryna Pogibko y Daniel Martin Kovalik, identificados como representantes de Amadeus Consultancy. En una comunicación dirigida al secretario jurídico de Presidencia y supervisor del contrato, Augusto Ocampo, manifestaron su aceptación de las nuevas condiciones y su disposición para formalizar la modificación.
Cuestionamientos al proceso y una indagación preliminar en curso
El contrato ha estado rodeado de cuestionamientos desde su firma por el alto valor comprometido, la ausencia de un proceso competitivo abierto y el perfil de la empresa contratada. El reporte la describe como una consultora británica creada en 2017, con activos limitados y dos empleados en registros mercantiles del Reino Unido.
En paralelo, la Procuraduría General mantiene abierta una indagación preliminar sobre el proceso contractual, mientras evalúa si existen méritos para abrir una investigación disciplinaria sobre cómo se tramitó el acuerdo con Amadeus Consultancy.
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