La elección del nuevo Procurador General de la Nación está programada para el próximo miércoles 2 de octubre de 2024, y se llevará a cabo sin contratiempos. A pesar de las recusaciones presentadas contra miembros de la Comisión de Acreditación, expertos aseguran que el proceso es legal y no puede ser detenido.
Ley 2003 de 2019 y la Elección del Procurador
La Ley 2003 de 2019, que modificó el artículo 286 de la Ley Quinta, establece que no hay conflicto de intereses cuando los congresistas eligen a otros servidores públicos mediante voto secreto. Esta normativa respalda la continuidad del proceso electoral del Procurador, aclarando que las recusaciones no pueden frenar la elección.
Expertos Jurídicos Respaldan la Legalidad del Proceso
Alfonso Gómez Méndez, destacado jurista, subraya que la interposición de demandas no afecta la elección del Procurador. “Este proceso está amparado por la presunción de legalidad y se debe hacer”, afirmó Gómez Méndez. Asimismo, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados, explicó que el Senado tiene la obligación de elegir al Procurador y que ninguna demanda o cuestionamiento detiene el proceso: “El trámite debe seguir adelante”.
Pablo Bustos y la Validez del Procedimiento
Pablo Bustos, abogado y representante de la Red de Veedurías de Colombia, también destacó que el procedimiento es completamente válido y ajustado a derecho. Según Bustos, la Ley 2003 de 2019 prohíbe que se declaren conflictos de intereses, impedimentos o recusaciones en la elección de cualquier servidor público por parte del Congreso. “Este procedimiento cumple con todos los requisitos legales y no hay razón para frenarlo”, concluyó.
La Obligación del Senado y la Elección Inminente
El Senado de la República está legalmente obligado a proceder con la elección del Procurador General a partir de la terna actual, sin que existan impedimentos legales que puedan detener el proceso. Esta elección es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del Ministerio Público y fortalecer la institucionalidad del país.
A pesar de las recusaciones y demandas en curso, la elección del Procurador General se llevará a cabo como lo ordena la ley. Expertos y autoridades legales coinciden en que no existen obstáculos jurídicos que impidan el desarrollo del proceso, reafirmando el compromiso del Senado de cumplir con su deber constitucional.
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