Captura de Iván Name y Andrés Call
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles la captura de los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle por su presunta participación en el escándalo de corrupción relacionado con el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el actual Gobierno.
La decisión se tomó luego de una sesión reservada celebrada por los magistrados en la mañana del 7 de mayo en el Palacio de Justicia.
Los magistrados concluyeron que existen elementos suficientes para imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a los senadores, investigados por, presuntamente, recibir pagos ilícitos a cambio de direccionar contratos de la UNGRD a favor de terceros. Las decisiones fueron adoptadas con ponencias separadas en cada uno de los expedientes.
Esta es la primera vez que dos congresistas en ejercicio reciben una orden de captura por el entramado de corrupción que compromete a altos funcionarios del Estado, y que ha sacudido al Gobierno del presidente Gustavo Petro desde comienzos de 2024.
La sesión de este miércoles fue convocada después de que el martes 6 de mayo la Corte aplazara la definición de la situación jurídica de ambos congresistas.
CARGOS E INDAGACIONES CONTRA LOS CONGRESISTAS
Iván Name, expresidente del Senado y miembro de la Alianza Verde, es señalado de haber recibido $3.000 millones en efectivo provenientes del contrato de adquisición de carrotanques, supuestamente como contraprestación por apoyar la agenda legislativa del Gobierno.
De acuerdo con las declaraciones de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, parte de esos dineros también habrían sido destinados a respaldar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.
En cuanto a Andrés Calle, representante del Partido Liberal y expresidente de la Cámara, la Corte investiga si recibió $1.000 millones por los mismos motivos. Según los testimonios de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, Calle habría accedido a respaldar las reformas del Gobierno en el Congreso a cambio de estos pagos.
Ambos congresistas enfrentan cargos por cohecho impropio, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación ilegal de campañas políticas.
CALLE HABÍA PEDIDO CONTINUAR EL PROCESO EN LIBERTAD
La defensa de Calle, encabezada por el abogado Billie Torres, solicitó expresamente que no se imponga medida de aseguramiento contra su cliente. En el documento entregado al alto tribunal, el abogado argumentó que el congresista se ha presentado de forma voluntaria a todas las diligencias judiciales, no ha interferido en el proceso ni representa un riesgo de fuga.
Torres también cuestionó la solidez de los testimonios que vinculan a Calle con el escándalo y afirmó que otros implicados, como el contratista Eduardo López Rosero y el presunto financiador Pedro Acosta, negaron haber tenido nexos con el congresista o haber presenciado hechos irregulares relacionados con él.
Desde noviembre de 2024, la Corte Suprema abrió investigación formal contra Name y Calle, tras analizar los testimonios recogidos por la Fiscalía y las pruebas reunidas durante las diligencias de policía judicial.
En su decisión, la Sala concluyó que había méritos suficientes para continuar con la indagación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y por el uso de recursos públicos en campañas políticas regionales.
(Colprensa)
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