En un informe publicado por la Asobancaria, que es el gremio de los bancos, destacó la importancia e idoneidad de las vigencias futuras para garantizar las ejecuciones para garantizar la ejecución de proyectos y programas que, por su complejidad y estructuración, son considerados estratégicos para el Estado y superan una vigencia fiscal.
En el documento el gremio destaca que bajo este mecanismo, utilizado para planificar y financiar tanto necesidades de inversión como de funcionamiento que no se limitan a las de un gobierno en particular, se han autorizado, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2024) de 2024, cerca de $185 billones para apalancar proyectos en sectores como infraestructura, defensa, vivienda, telecomunicaciones, entre otros.
“Pese a que algunas voces han hecho señalamientos tendientes a que las vigencias futuras no contemplan los estados de avance de los proyectos, lo que podría llevar a una inadecuada priorización de los recursos, lo cierto es que esta figura cuenta con la legitimidad necesaria para seguir financiando necesidades de carácter estratégico. Esto quedó particularmente demostrado el año anterior, cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto de Yerros 0163 de 2024, a partir del cual se garantizaron recursos para grandes proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá”, destaca el estudio del gremio.
También resalta que para llevar a cabo los proyectos, el sector financiero ha cumplido un rol fundamental, destacándose tanto el apalancamiento por parte de la banca y las corporaciones financieras, como el establecimiento de patrimonios autónomos por parte de las fiduciarias. “Sobre estas últimas, cabe mencionar que su papel resulta fundamental, pues los vehículos fiduciarios de los que disponen dan la certidumbre jurídica que los recursos de las vigencias futuras sean utilizados de manera exclusiva para la construcción y operación de los proyectos, facilitando la administración y evitando el uso de dichos recursos para otros propósitos”, indica.
Añade que con el objetivo de impulsar proyectos futuros, como pueden ser los de quinta generación (5G), será necesario superar los retos asociados al trámite de licencias ambientales y a la reglamentación de las consultas previas, pues estos, entre otros factores, han obstaculizado la realización de los proyectos, hecho incluso reconocido por los tribunales de arbitramento. Asimismo, manifiesta que será fundamental continuar honrando los compromisos establecidos bajo el mecanismo de vigencias futuras.
Así las cosas, la Asociación resaltó que por cada peso de inversión en infraestructura se generan $2,72 pesos sobre la producción de la economía, mientras que un aumento de la demanda de obras civiles por $1 billón generaba cerca de 28 mil empleos para la economía.
Según ANIF, la ejecución del programa cuarta generación (4G) ha generado un ahorro promedio de 33.6% en los tiempos de recorrido y una reducción en las emisiones de CO₂ que se ha traducido en ganancias por $15 billones.
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