Por medio una carta firmada por 30 de los 32 gobernadores electos para el periodo 2024-2027, fueron solicitados al Gobierno Nacional, recursos adicionales para la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para la vigencia 2024.
«Tras la expedición de la Ley 1450 de 2011 en donde se estableció la concurrencia entre el Ministerio de Educación Nacional y las Entidades Territoriales para la implementación del PAE, los departamentos del país han venido asumiendo la corresponsabilidad en la financiación y ejecución de la estrategia«, fue especificado en la carta.
Los mandatarios electos exigen más participación del Gobierno Nacional para el PAE
Durante el año 2023, el Gobierno Nacional, vía presupuesto general de la nación, aportó cerca de $1.58 billones y las entidades territoriales aportaron aproximadamente $1.75 billones, recursos que en la mayoría de los casos desfinanciaron otros proyectos de inversión y gasto social, esto según la explicación de los mandatarios en el escrito.
En la carta, se especificó que el PAE ha costado más de $3.33 billones en 2023 que “han sido apalancados en mayor proporción por las entidades territoriales sin que cuenten con recursos suficientes para dicha obligación”.
Además, reiteraron la disposición de los departamentos para priorizar este programa. Sin embargo, la situación actual es insostenible, por lo que acuden a este requerimiento hacia el máximo jefe de estado para insistir en la apuesta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, para ampliar el alcance del Programa para contribuir la seguridad alimentaria y nutricional, y la obertura universal y con atención durante todo el año escolar, incluyendo los periodos de receso académico.
“Necesitamos que se duplique la participación de la nación en la financiación del Programa, a fin de no seguir generando un desequilibrio en la disposición de recursos disponibles por los departamentos para la atención de otras necesidades”, fue la petición realizada en el documento.
La carta termina con la mención de la obligación establecida el parágrafo transitorio del artículo 5 de la Ley 2200 de 2022 Régimen Departamental, en la que el Gobierno Nacional debe identificar las competencias que han sido descentralizadas a los departamentos sin asignación de recursos para su ejecución y nivelar y destinar las asignaciones presupuestales que garanticen suficiencia fiscal para su cumplimiento, con el fin de cerrar brechas en territorios y mejorar las oportunidades educativas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia.
Los únicos gobernadores que no hicieron parte de esta petición fueron Manuel Alexander Pérez, gobernador electo de Arauca y Rafael Alejandro Martínez, mandatario electo del Magdalena.
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