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El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado para que el Estado en conjunto con la sociedad, aumenten sus esfuerzos en la prevención de la explotación sexual. “Es necesario que se refuercen las acciones que permitan la identificación de los casos, se brinde el acompañamiento integral para el restablecimiento de derechos de víctimas directas e indirectas de trata de personas y que se implementen medidas para la eficaz judicialización de quienes se benefician de esta y de otras formas de esclavitud”, dijo.

La trata de personas no solo se relaciona con la victimización de connacionales sino con el riesgo en el que se encuentran millones de refugiados y migrantes en el mundo, debido a que por sus condiciones de vulnerabilidad terminan siendo víctimas de explotación sexual, adopción irregular, trabajos forzados, servidumbre doméstica, mendicidad ajena, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, matrimonios forzados y otras formas de esclavitud, colocando en total peligro su integridad, libertad, autonomía y hasta su propia vida.

Las duplas de género adscritas a la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo han realizado una labor de detección, atención y seguimiento a los casos de mujeres y de Población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas por esclavitud; para el periodo 2020 – 2022 se han reportaron 111 casos atendidos en el país: 52 casos en 2020; 44 en el 2021 y 15 en lo corrido del 2022.

En su labor de acompañamiento a las comunidades, la Defensoría del Pueblo ha encontrado nuevas realidades a causa de la pandemia por la COVID 19. Por ello, es urgente atender de manera integral a quienes son potenciales víctimas debido al aumento de las vulnerabilidades socioeconómicas, traducidas en una preocupación generalizada por suplir las necesidades básicas, lo que genera que muchas mujeres y hombres de diferentes etnias, orientaciones sexuales, identidades de género, sin distingo de estrato socioeconómico, estén en riesgo de caer bajo el dominio de redes de trata o de tratantes autónomos.

Esta grave situación coyuntural se une a las afectaciones ya causadas por el conflicto armado, el narcotráfico, la ausencia estatal en varias regiones del país, la cultura discriminatoria y patriarcal, la violencia intrafamiliar, las ofertas laborales desiguales e inequitativas, la cosificación del cuerpo y la mente de las mujeres, así como la falta de sensibilidad social, entre otras problemáticas estructurales y de género.

Si bien el Estado colombiano ha avanzado en la prevención, detección, registro de casos, así como en la persecución y sanción penal de los victimarios, es necesario avanzar en la definición, implementación y evaluación de una política de lucha contra la trata de personas que permita, dentro de sus objetivos, determinar las medidas y las competencias para la protección de las personas víctimas de explotación sexual y trata de personas, con un enfoque de atención migratoria.

La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso de velar por la protección de los derechos de las víctimas directas e indirectas de trata de personas, así como de las personas objeto de tráfico de migrantes.