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La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) presentó denuncia contra los representantes legales del Consorcio Centro de Gerenciamiento de Residuos S.A. (CGR).

Lo anterior por los presuntos delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y fraude a resolución judicial, en el caso del manejo del relleno Doña Juana, que sirve a la capital de la República.

«CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos de los bogotanos y no ha cumplido ni con la construcción de la planta de tratamiento, ni con los estándares de tratamiento de lixiviados durante cuatro años», afirmó López durante su intervención.

«No contento con eso, CGR ha pretendido engañar a las autoridades judiciales con información falsa, dada en nuestra opinión de mala fe, para evadir su responsabilidad, seguir incumpliéndole a los bogotanos», precisó la mandataria.

De acuerdo con López, este consorcio demandó al Distrito  por aspiraciones superiores a 1 billón de pesos, a juicio de López «de manera infundada y abusiva».

Medidas contra CGR

La acción judicial fue interpuesta por Luz Amanda Camacho, como directora de la Uaesp, ante la Fiscalía General de la Nación. Y en contra de Mauricio Bernal Marcucci, en su calidad de representante legal de CGR, y contra todos quienes hayan actuado en representación del mismo desde 2010.

Lo que motivó a entablar la denuncia fue el incumplimiento del contrato de concesión 344 de 2010, porque, tras casi doce años de haberse suscrito la obligación de tratamiento de lixiviados y de optimización de la planta (PTL) y del sistema, esto no se ha hecho.

E incluso, según denunció la Administración Distrital en esta acción judicial, está en peores condiciones de lo que fue entregada en su momento por la administración de la ciudad.

«Este es el caso de abuso y corrupción más grave que yo he descubierto en la Alcaldía desde que soy alcaldesa, ningún otro operador que yo conozca, le está haciendo semejante estafa a los bogotanos por no recibir un tratamiento de lixiviados pese a que lo seguimos pagando», subrayó López.

La mandataria le solicitó a la Fiscalía darle celeridad a la denuncia interpuesta. «Le ruego a la Fiscalía darle prelación a esta denuncia, le ruego la debida diligencia en esta investigación; necesitamos que la justicia pare, frene y sancione la estafa», sostuvo.

Igualmente, le pidió a la Cámara de Comercio de Bogotá para que les brinde garantías a los ciudadanos sobre la designación de los jueces de los tribunales de arbitramiento. «Que los jueces sean imparciales, sean jueces, no solo de toda reputación jurídica, sino de total imparcialidad», destacó.

En su declaración, la alcaldesa López aseguró que esta situación ya le fue informada al presidente electo Gustavo Petro. «Le he pedido que, desde su Gobierno, una vez se posesione, se tomen las medidas legales para garantizar y proteger a los bogotanos de este abuso», indicó.

El proceso

Según la Uaesp, el consorcio ha abusado de los ingresos que ha percibido de la entidad y de los bogotanos, no cumple con el tratamiento de lixiviados, ni ha concluido la optimización del STL (Sistema de Tratamiento de Lixiviados), generando un mayor impacto ambiental sobre los ríos Tunjuelo y Bogotá.

Lo pactado en 2010, según la Administración Distriral, era que el operador tenía la obligación de gestionar la optimización del sistema de lixiviados y para eso ha recibido más de 163.000 millones de pesos.

Sin embargo, en la actualidad no existe tal resultado de lo contratado de acuerdo con Claudia López por lo que, del 100 por ciento de los parámetros que dicta la norma, el operador cumple apenas con cerca del 50%.

Se deduce que el incumplimiento de estas obligaciones guarda relación directa con la sentencia proferida el 28 de marzo de 2014 por el Consejo de Estado, respecto a la catástrofe ecológica del Río Bogotá y la contaminación de los ríos y quebradas afluentes a este.

Según la denuncia, por la conducta del concesionario no se ha podido satisfacer la necesidad advertida por la Uaesp en el contrato y, contrario a ello, se está realizando un vertimiento ineficiente e ilegal de los residuos al río Tunjuelo.

Igualmente, la alcaldesa López advirtió que lo que sería la conducta omisiva del consorcio frente al cumplimiento de sus obligaciones implica que los costos de inversión necesarios para la optimización del sistema asciendan a más de 110.000 millones de pesos.

Que serían inferiores si las sumas canceladas se hubieran destinado a la satisfacción de las obligaciones contractuales.

En cuanto al delito de fraude a resolución judicial, la obligación corresponde a las órdenes y condenas que se impusieron al consorcio en el laudo arbitral proferido el 27 de septiembre de 2018, que quedó ejecutoriado el 11 de octubre del mismo año. Y que no se han cumplido.

Respecto del delito de fraude procesal, el Distrito considera que se configuró a partir de un medio fraudulento por sus afirmaciones mentirosas, tendenciosas, convenientes y sesgadas.

Con lo que el representante legal pretendió hacer incurrir en error a la magistrada con la finalidad de obtener, como medida preventiva, la suspensión del POT como provecho ilícito a su favor en el marco del ya referido incidente de desacato.

Asimismo, pretenda aducir la existencia de estudios relacionados con la factibilidad de la propuesta incluida en Plan de Ordenamiento Territorial (POT), cuando, después de cuatro años, no ha presentado los estudios de diseño requeridos para la optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados.

Esto se puede advertir, según el Distrito, a partir de las reiteradas falsedades que fueron hechas en el oficio presentado por el representante legal a la magistrada y que fueron reafirmadas en la audiencia del 3 de junio de 2022.

A través de estos actos, el consorcio habría pretendido confundir a la justicia y hacer creer que las actuaciones adelantadas por la Alcaldía, respecto a la inclusión de un sistema de tratamiento térmico de residuos alternativo, carecía de sustento y era el resultado de una improvisación.

“Voy a proteger los derechos de los bogotanos con todas las herramientas que estén a mi disposición. Una, es la garantía de imparcialidad a la Cámara de Comercio para la designación de los tribunales de arbitramiento, y otra, de celeridad a la Fiscalía para que tramite esta denuncia», puntualizó López.