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La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria a Andrés Mayorquín Bocanegra, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por posible tráfico de influencias y otras conductas que podrían ameritarle fuerte sanción.

El órgano de control busca establecer si Mayorquín Bocanegra también habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, al ser adjudicados contratos a su esposa, Karen Váquiro, en distintas entidades estatales.

El Ministerio Público adelanta esta actuación con el fin de determinar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, así como concluir si se constituyen o no en faltas disciplinarias.

Es de señalar que, de manera preliminar, la condición de Váquiro no permitiría dar inicio a una actuación disciplinaria en su contra, por no ser sujeto disciplinable, como lo señala el Articulo 25 de la Ley 734 de 2002.

«Son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código», se lee en este artículo, con lo que se explica por qué no puede abrirse indagación.

Sin embargo, si en el transcurso de la investigación que le ocupa a la Procuraduría se evidencia que la mujer asumió funciones públicas,gracias a lo que sería la posición de su cónyuge en el Estado, la Entidad procederá con su vinculación formal a la investigación.

Por su parte, el exasesor Mayorquín tiene derecho a ser escuchado en diligencia de versión libre y espontánea y aportar las pruebas que considere pertinentes. El exfuncionario es señalado de otorgar millonarios contratos a su esposa, en distintas entidades estatales, del orden de los $1.200 millones.

El órgano de control desea establecer si Mayorquín habría incurrido con su conducta en tráfico de influencias, violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses.